Bruselas denuncia a España por tener abiertos 31 vertederos ilegales
La Comisión Europea también lleva al Tribunal de Luxemburgo un tramo del AVE a Almería
Elena G. Sevillano
Madrid
10 JUL 2014 - 21:09 CET23
Vista de las minas de potasa de Bages (Barcelona)
La permisividad con una treintena de vertederos
ilegales que deberían llevar años cerrados ha llevado a la Comisión Europea a
denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. El comisario de Medio
Ambiente, Janez Potocnick, considera que su departamento ha advertido
suficientemente a España del incumplimiento y ha decidido llevar el
procedimiento de infracción a la fase final, la denuncia ante el tribunal, que
decidirá si condena y si impone multas. La comisión anunció ayer otra denuncia
contra España por cuestiones medioambientales, en este caso porque asegura que las obras del AVE
Sevilla-Almería han afectado a una zona de especial protección de las aves.
La Comisión Europea abre cada año entre tres y
cuatro centenares de expedientes por incumplimientos medioambientales a los
Estados miembros. Se trata de procedimientos largos, con varias fases en las
que Bruselas y los países se intercambian cartas de acusación y alegaciones,
respectivamente. Es poco habitual llegar al punto en el que la Comisión acaba
llevando a un país ante el Tribunal de Justicia de la UE. Según fuentes
comunitarias, ocurre en una decena de casos al año, para cuestiones
relacionadas con el medio ambiente. En el caso de los vertederos, Bruselas
recuerda que ha emitido numerosas “advertencias previas” y que España lleva
años incumpliendo la directiva que los regula.
La directiva relativa al vertido de residuos, de
1999, obligaba a examinar las condiciones de los vertederos existentes y a
decidir qué hacer con ellos: adaptarlos para cumplir los estrictos requisitos
de seguridad o cerrarlos si no los podían cumplir. Bruselas dio a los Estados
hasta julio de 2009 para poner al día estas instalaciones, pero España no lo ha
hecho. Actualmente tiene, según informa el portavoz de Potocnick, tres
vertederos pendientes de renovación para adaptarse a la legislación vigente
—Ortuella, en el País Vasco, y Zurita y Juan Grande, en las Islas Canarias— y
otros 28 que ya deberían estar cerrados.
“Es una decisión previsible ante los 28
vertederos ilegales que continúan en funcionamiento en el país”, aseguró ayer
Ecologistas en Acción tras conocer el anuncio de la comisión. Esta organización
ha denunciado en repetidas ocasiones la mala gestión de los residuos urbanos.
En noviembre pasado, junto con Amigos de la Tierra, hizo público un informe,
titulado Un yacimiento en la basura, en el que denunciaba que los
residuos urbanos siguen acabando en una proporción muy elevada —cerca del 70%—
en los vertederos. Estas dos organizaciones aseguran que se desperdician
millones de toneladas de materias primas que tendrían que ser recicladas.
Hace solo unos días que la Comisión Europea
propuso unos objetivos de reciclaje obligatorios para toda la Unión. Su intención
es pedir a los europeos que reciclen el 70% de los residuos municipales y el
80% de los residuos de envases de aquí a 2030, y prohibir arrojar residuos
reciclables a vertederos a partir de 2025. El nuevo objetivo aún tiene que ser
aprobado por los Gobiernos y por el Parlamento Europeo. España es uno de los
países que más difícil tendrán el cumplimiento de estos nuevos requisitos,
puesto que está entre los que menos reciclan y donde más basura acaba en los
vertederos.
Aún es pronto para saber qué consecuencias puede
tener para España la denuncia ante el Tribunal de la UE. El portavoz del
comisario de Medio Ambiente recuerda que las multas únicamente se imponen tras
pasar por el tribunal dos veces. De haberlas, serían elevadas, puesto que se
calculan en función de variables como el Producto Interior Bruto (PIB) del
país, la duración del incumplimiento y su gravedad. En el caso de España, ya
van cinco años, tal y como recordó ayer la Comisión. El fallo del Tribunal de
Luxemburgo se puede demorar otros dos, explicó el director de conservación de
SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza. “Aunque España cumpla dentro de esos dos
años, el tribunal la condenaría por la situación actual. Pese a ello es
importante que cumpla cuanto antes para que tras la sentencia no haya multas
coercitivas”, señaló.
España salió mal parada ayer en el paquete de
procedimientos por incumplimiento que anunció la Comisión, especialmente en las
cuestiones medioambientales. No solo la lleva ante el Tribunal de Luxemburgo
por los vertederos y la línea de AVE Sevilla-Almería, sino que también le abre
expediente por aplicar mal la directiva de residuos de minas en la comarca del
Bages (Barcelona), donde la empresa Iberpotash extrae potasa, y por no evaluar
correctamente el impacto ambiental de la nueva línea eléctrica de muy alta
tensión (MAT) en su tramo entre Santa Coloma de Gramenet y Sentmenat
(Barcelona).
