EL PAIS, 10/04/2013
Hace 20 años, en España se tomó conciencia de que estas escuelas eran un
servicio público que debía servir de herramienta para fomentar la
cohesión social, el éxito escolar y el aprendizaje de las competencias
básicas. Con el tijeretazo lleva camino de volver a ser una educación
elitista al alcance de pocos. Hay escuelas que han cerrado, como las de
Tegueste y Teror en Canarias y Alcázar de San Juan (Ciudad Real); otras
que han aumentado los precios, como las del Ayuntamiento de Madrid, que
han pasado de cobrar 50 a 150 euros al mes; o con un futuro incierto, como los conservatorios de Tolosa (Navarra) y Mérida (Badajoz). [...]
La carta de despido no ha llegado, sin embargo, a la Escuela Municipal de Música y Danza Raimundo Truchado, de Ciempozuelos
(Madrid). Las clases no han empezado y los profesores van por las
mañanas a no hacer nada. El Ayuntamiento ha privatizado estas enseñanzas
sin despedir a los 14 docentes —los seis eventuales ya no están—, pese a
que el acuerdo con la empresa no contempla la subrogación del
profesorado. Los abogados han recomendado al Consistorio que no opine
sobre el conflicto mientras esté abierto y solo remachan que harán lo
mejor para los alumnos y sus arcas. “Estamos en una situación
desesperante. Nadie nos da una explicación”, dice Eva Gómez, directora
de la escuela de Ciempozuelos desde su apertura, en 1996. Orgullosa,
recuerda que su centro aparece como modelo a seguir en una reciente guía
de municipios por su manera de integrar en el plan de estudios música y
danza. La mitad de los 500.000 euros de presupuesto se sufragaban con
las cuotas de sus alumnos y las ayudas de la Comunidad de Madrid, y los
profesores propusieron bajarse el sueldo un 25%, alquilar las salas para
ensayos, y cobrar una pequeña cantidad por los conciertos y las
actividades escolares de las que se beneficiaban el 80% de los alumnos
de infantil y primaria de la localidad. No convencieron. Según la
asociación de alumnos, el acuerdo obliga a pagar a la empresa 60.000
euros, además de correr con los gastos mensuales del edificio. “Por lo
que al final se va a gastar tanto o más”. Y aseguran que el
Ayuntamiento, del Partido Popular, además, se ha gastado 20.000 euros en
asesoría legal para echar a los docentes. La alcaldesa metió en los
buzones un comunicado en el que constaban los sueldos de los profesores.
“Querían dejarlos como vagos y se hizo trampa incluyendo lo que cuesta
la Seguridad Social”, denuncia Miguel Martínez Porres, portavoz de la
asociación.
Los docentes de Ciempozuelos remarcan que llevan ocho meses en esta
situación y que, hasta la fecha, han ignorado todas las advertencias que
les ha hecho la inspección de trabajo sobre la obligación de darlos una
ocupación efectiva. [...]
La noticia completa en: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/04/09/actualidad/1365535265_338099.html
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