viernes, 17 de julio de 2015

MEDIOAMBIENTE

Bruselas denuncia a España por “persistencia de vertederos ilegales”

  • La Comisión Europea ya expedientó a España por tener 28 vertederos ilegales en 2007 e instó a las autoridades a crear un plan de acción 
  • Los servicios comunitarios constatan que en la actualidad existen 61 vertederos que suponen "una amenaza para la salud humana y el medio ambiente"

infoLibre Actualizada 16/07/2015 a las 13:43    

Imagen de un vertedero de Madrid.  E.P.
Imagen de un vertedero de Madrid. E.P.
La Comisión Europea anunció este jueves que llevará a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), por la "persistencia de vertederos ilegales" en varias regiones del país, pese a los reiterados avisos de Bruselas para que España "tomara las medidas necesarias", informó Europa Press.

El Ejecutivo comunitario considera que, pese las normas comunitarias, existe una "gestión insuficiente" de los residuos en Andalucía, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.

El caso se remonta a 2007, cuando la Comisión inició un expediente contra España tras detectar "vertederos ilegales" en varias regiones, pero las autoridades del país se comprometieron a "clausurar y restaurar" esos vertederos antes de que acabara 2011, según informó Bruselas en un comunicado.

Ante el retraso en poner en marcha el plan de acción anunciado por España, el Ejecutivo comunitario dio un nuevo paso en 2014 para instar a las autoridades a cumplir con sus compromisos.

Sin embargo, los servicios comunitarios han constatado que sigue habiendo 61 vertederos que, si bien no están en uso, sí están "incontrolados", por lo que constituyen "una amenaza para la salud humana y el medio ambiente", por lo que Bruselas ha decidido llevar a España ante la justicia europea para "forzarla a acelerar el proceso".

De acuerdo a las normas comunitarias, los Estados miembros están obligados a recuperar los residuos o a eliminarlos para que no supongan un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de modo que están obligados a prohibir su abandono, vertido o eliminación incontrolada.

Si el Tribunal de Justicia concluye que España persiste en la no aplicación de las reglas de la Unión Europea en esta materia, Bruselas podría iniciar un segundo procedimiento para imponer una multa a las autoridades nacionales.