jueves, 19 de enero de 2017

RECICLAJE

Un informe avala que imponer el nuevo sistema de reciclaje es legal


Máquina de reciclaje de envases en pruebas instalada en una calle de Shangai. EL MUNDO

La Universitat estima que el Consell está facultado a regularlo sin contravenir la unidad de mercado
Considera que el sistema aporta una ventaja en el mercado a los fabricantes

Cuando parecía que el sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases entraba en fase de hibernación, a expensas de la negociación entre la Conselleria de Medio Ambiente y la patronal autonómica, un informe técnico de la Universitat de València reabre el debate sobre la imposición de este modelo de recogida de residuos en la Comunidad Valenciana. El documento, un nuevo análisis jurídico a cuyas conclusiones ha tenido acceso este diario, certifica que el Gobierno valenciano podría imponer el SDDR «como único procedimiento de gestión» sin vulnerar la legislación nacional y comunitaria.
Muy al contrario, el informe de la Universitat estima que la Generalitat está facultada para desarrollar la legislación básica estatal en materia de medio ambiente, así como para dictar normas de protección adicional. Ni siquiera la ley de Residuos, de ámbito nacional, supone un obstáculo para esta iniciativa, según dicha interpretación. «Negar la competencia de las comunidades autónomas para aprobar una norma que garantice la aplicación del SDDR sería contraria a la Constitución Española y al derecho de la Unión Europea», precisa el texto.
Para aceptar la introducción de este nuevo sistema de recogida de desechos, Bruselas tan sólo exige que se respete la directiva comunitaria de Envases. El principio de libre circulación de mercancías se erige en el punto más conflictivo. Aunque no se antoja insalvable, en virtud del análisis: «Ningún problema se planteará mientras la ley proyectada no contenga medidas que obstaculicen el comercio intercomunitario de bebidas de forma desproporcionada, como por ejemplo, si se prohibieran tipos de envases; o se sometieran autorización u homologación administrativa previa».
El informe, que forma del expediente sobre el SDDR que se expondrá el jueves en la reunión del Consejo Asesor y de Participación del Medio Ambiente (CAPMA), recomienda no exigir de partida un único símbolo para identificar los envases de bebidas sujetos a este sistema de recogida para no contravenir así ni la normativa europea ni la ley estatal de Unidad de Mercado. El borrador que ha desarrollado la Conselleria sigue estas pautas: no recoge por ahora la obligación del etiquetado específico, una decisión en manos de los operadores, según la redacción actual.
El estudio jurídico insiste en que la Generalitat tendrá que justificar en última instancia que la imposición sistema de depósito responde a una finalidad ambiental y no económica. Y, para ello, deberán demostrar «la existencia del problema de abandono de residuos de envases y la proporcionalidad» de las obligaciones asociadas a su implantación. Tras analizar la jurisprudencia vigente, los expertos aconsejan en este documento la puesta en marcha de un paquete de medidas para mitigar el impacto negativo que implica este cambio de sistema.
La principal acción que se propone radica en el establecimiento de un periodo de transición de al menos un año para que operadores y ciudadanos puedan adaptarse a la nueva normativa. Pero sus propuestas van más allá: «Podría valorarse la posibilidad de que, voluntariamente, los fabricantes y distribuidores interesados pudieran comenzar a utilizarlo antes, siempre que técnicamente fuera posible (por ejemplo, a los seis meses de entrada en vigor de la ley)», de acuerdo con la experiencia de otras naciones que han seguido procesos similares.
En esta línea, los firmantes aseguran que a pesar de a las reticencias iniciales, los distribuidores descubren que el SDDR «aporta una ventaja en el mercado y aumenta las ventas frente a competidores que utilizan otros modelos de gestión», lo que podría empujar a sumarse al proyecto a otros agentes.
En el informe se recuerda que hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido la mayor eficacia ambiental del sistema de depósito y recuerda que la propia ley estatal de Residuos podría ser contraria al derecho comunitario al introducir requisitos que no figuran en la directiva para implantar este modelo en el ámbito de los envases. Las conclusiones del estudio avalan, por tanto, la pretensión de Medio Ambiente que continúa con la tramitación de la futura ley de Protección Ambiental, al margen de la negociación abierta in extremis con la patronal.