miércoles, 10 de abril de 2013

Las escuelas de música agonizan

EL PAIS, 10/04/2013

Hace 20 años, en España se tomó conciencia de que estas escuelas eran un servicio público que debía servir de herramienta para fomentar la cohesión social, el éxito escolar y el aprendizaje de las competencias básicas. Con el tijeretazo lleva camino de volver a ser una educación elitista al alcance de pocos. Hay escuelas que han cerrado, como las de Tegueste y Teror en Canarias y Alcázar de San Juan (Ciudad Real); otras que han aumentado los precios, como las del Ayuntamiento de Madrid, que han pasado de cobrar 50 a 150 euros al mes; o con un futuro incierto, como los conservatorios de Tolosa (Navarra) y Mérida (Badajoz). [...]

La carta de despido no ha llegado, sin embargo, a la Escuela Municipal de Música y Danza Raimundo Truchado, de Ciempozuelos (Madrid). Las clases no han empezado y los profesores van por las mañanas a no hacer nada. El Ayuntamiento ha privatizado estas enseñanzas sin despedir a los 14 docentes —los seis eventuales ya no están—, pese a que el acuerdo con la empresa no contempla la subrogación del profesorado. Los abogados han recomendado al Consistorio que no opine sobre el conflicto mientras esté abierto y solo remachan que harán lo mejor para los alumnos y sus arcas. “Estamos en una situación desesperante. Nadie nos da una explicación”, dice Eva Gómez, directora de la escuela de Ciempozuelos desde su apertura, en 1996. Orgullosa, recuerda que su centro aparece como modelo a seguir en una reciente guía de municipios por su manera de integrar en el plan de estudios música y danza. La mitad de los 500.000 euros de presupuesto se sufragaban con las cuotas de sus alumnos y las ayudas de la Comunidad de Madrid, y los profesores propusieron bajarse el sueldo un 25%, alquilar las salas para ensayos, y cobrar una pequeña cantidad por los conciertos y las actividades escolares de las que se beneficiaban el 80% de los alumnos de infantil y primaria de la localidad. No convencieron. Según la asociación de alumnos, el acuerdo obliga a pagar a la empresa 60.000 euros, además de correr con los gastos mensuales del edificio. “Por lo que al final se va a gastar tanto o más”. Y aseguran que el Ayuntamiento, del Partido Popular, además, se ha gastado 20.000 euros en asesoría legal para echar a los docentes. La alcaldesa metió en los buzones un comunicado en el que constaban los sueldos de los profesores. “Querían dejarlos como vagos y se hizo trampa incluyendo lo que cuesta la Seguridad Social”, denuncia Miguel Martínez Porres, portavoz de la asociación.
Los docentes de Ciempozuelos remarcan que llevan ocho meses en esta situación y que, hasta la fecha, han ignorado todas las advertencias que les ha hecho la inspección de trabajo sobre la obligación de darlos una ocupación efectiva. [...]

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