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Bibliotecarios e IU lanzan campañas contra el canon por el préstamo de libros
- Las bibliotecas públicas tendrán que pagar para “remunerar” a los autores
BÁRBARA SÁNCHEZ Madrid 21 AGO 2014
Además de hacer malabares con un presupuesto ajustado por la crisis
para mantener sus estanterías actualizadas, las bibliotecas públicas
tendrán también que pagar por prestar libros. El canon, aprobado por el
Gobierno central, sigue sumando detractores. IU anunció ayer una campaña
de recogida de firmas y presentación de mociones en los Ayuntamientos
de la región contra la medida, que obliga a las bibliotecas públicas a
compensar a los autores por el préstamo de sus obras. La asociación que
agrupa a los bibliotecarios de Madrid y
ANABAD, la federación nacional de bibliotecarios,
también la rechazan.
El gravamen, en vigor desde el pasado 2 de agosto, afecta a las
bibliotecas públicas en los municipios de más de 5.000 habitantes, casi
la mitad de los que hay en la región. IU asegura que perjudica, sobre
todo, a las que dependen de los Ayuntamientos. “Puede poner en peligro
su sostenibilidad”, advierte Jesús Saiz, coordinador de
IU en Parla,
el grupo impulsor de la campaña, que la federación del partido en
Madrid va a hacer extensiva al resto de municipios de la Comunidad.
“Ya no será préstamo, sino alquiler. Como un videoclub, pero con libros”, apunta José Alberto Albarracín, presidente de la
Asociación Profesional de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas de Madrid.
El canon se calcula según el número de libros prestados en un año y la
cantidad de usuarios activos. Su objetivo es, dice la norma, “remunerar”
a los autores por el préstamo de sus obras, por lo que no tiene en
cuenta la consulta
in situ de ejemplares o el intercambio de
libros entre bibliotecas. Afecta también a museos, hemerotecas o
filmotecas, siempre que sean públicos, aunque deja fuera a los centros
docentes. La norma, exigencia de la UE, no aclara quién recibirá el
dinero, sino que solo hace referencia a una entidad de gestión de los
derechos de autor, como la SGAE en el mundo de la música.”Sería más
adecuado utilizar un mecanismo sujeto a un mayor control público”,
critica Saiz.
El Ministerio de Cultura aseguró en un comunicado que “en ningún
caso” el canon afectaba a los usuarios, pues son los titulares de cada
biblioteca quienes tienen la obligación de pagarlo. Pero los detractores
de la norma afirman que, con los presupuestos mermados por la crisis,
el canon puede ser el toque de gracia para las bibliotecas,
especialmente las municipales, que representan el 96% de la red, según
IU. “Se deteriora el servicio y se dificulta el acceso a la cultura de
aquellos con menos poder adquisitivo que, para leer un libro, solo
tienen la opción de las bibliotecas”, señala Saiz.
“Casi no hay dinero para reponer libros o comprar nuevos títulos.
Además, dudo de la compensación que se pueda hacer a los autores porque
muchas veces las bibliotecas funcionan como una fuente gratuita de
promoción”, señala Albarracín. Su asociación publicará en los próximos
días un comunicado de rechazo. Existe además
la plataforma No al préstamo de pago, puesta en marcha por la
marea amarilla, que defiende las bibliotecas públicas’.
